Gobernaciones se declaran en alerta y dan plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre por la Agenda 50/50
Las autoridades departamentales plantean una mayor participación en la distribución de recursos, compensaciones por el incremento del diésel, la promulgación de la Ley de Retorno Económico y medidas para aliviar sus obligaciones financieras.
Darwin Cortez S.
Las gobernaciones de Bolivia se declararon en estado de alerta y fijaron el 31 de octubre de 2026 como plazo para que el Gobierno Central avance en los compromisos vinculados a la denominada Agenda 50/50. La posición fue respaldada por ocho de las nueve gobernaciones.
Entre sus principales demandas se encuentra la transferencia del 15% de la Coparticipación Tributaria a las gobernaciones, como parte de la propuesta de una mayor autonomía fiscal y financiera para los departamentos.
También solicitan una compensación extraordinaria por el incremento del costo del diésel, debido al impacto que representa para el mantenimiento de carreteras, los servicios de salud y el funcionamiento de maquinaria departamental. Además, plantean que el costo real del combustible sea considerado en el Presupuesto General del Estado 2027.
Otro punto está relacionado con la Ley de Retorno Económico, mediante la cual las gobernaciones dejarían de asumir determinadas obligaciones como los prediarios y el Bono de Vacunación. Las autoridades departamentales piden su promulgación y la paralización de débitos automáticos, además de la devolución de recursos descontados durante 2026.
El documento también contempla la recuperación de recursos del IDH, medidas relacionadas con el fideicomiso FAGOBOL y la reprogramación de las deudas departamentales mediante mecanismos de readecuación financiera.
Con estas demandas, las gobernaciones establecieron el 31 de octubre como fecha límite para que el Gobierno Central atienda los puntos planteados y avance en los acuerdos de la Agenda 50/50.
