Gobierno desconoce a Luis Montaño como fiscal general interino y deja la definición en manos de la Asamblea

El Gobierno nacional anunció este jueves que no reconoce a Luis Montaño Morales como Fiscal General del Estado interino, después de que el fiscal superior asumiera públicamente la conducción temporal del Ministerio Público tras la aprehensión del hasta entonces fiscal general, Roger Mariaca.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la designación de la máxima autoridad titular de la Fiscalía General corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y cuestionó la decisión de Montaño de asumir el cargo de manera interina.

“No, mañana es la Asamblea la que decide, no se puede autonombrar el fiscal interino”, afirmó Oviedo, en referencia a la sesión legislativa convocada para este viernes 2 de octubre. La posición del Ejecutivo también fue reportada por ABI y Unitel.

Montaño invoca la Ley 260

Horas antes, Montaño había anunciado desde Santa Cruz que asumía la conducción de la Fiscalía General de manera interina, temporal y en suplencia legal, argumentando que le correspondía por su condición de Fiscal Superior con mayor antigüedad.

El argumento se basa en el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público, que establece mecanismos de suplencia cuando existe ausencia o impedimento definitivo del Fiscal General. La norma señala que la suplencia puede recaer en un Fiscal Departamental o Superior, de acuerdo con un orden de prelación basado en la antigüedad.

Montaño sostuvo además que su permanencia no sería definitiva y que permanecería en el cargo hasta que la Asamblea Legislativa designe a un nuevo Fiscal General. Su anuncio fue acompañado por medidas destinadas a garantizar la continuidad institucional del Ministerio Público, entre ellas la designación de Mabel Andrade Molina como fiscal departamental interina de Santa Cruz, en reemplazo de Alberto Zeballos.

La Asamblea deberá definir el escenario institucional

La controversia surge en medio de la aprehensión de Roger Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, ocurrida la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru, dentro de un operativo policial que derivó en la detención de varias personas.

Mientras el Gobierno sostiene que la nueva autoridad debe ser definida por la ALP, la Fiscalía General comunicó que existe una situación de ausencia definitiva de Mariaca y respaldó el mecanismo de suplencia aplicado por Montaño.

La Constitución Política del Estado establece que el Fiscal General ejerce funciones durante seis años, mientras que la Ley 260 dispone que su designación corresponde a la Asamblea Legislativa mediante una votación de dos tercios de los miembros presentes.

Ante este escenario, el presidente del Senado, Diego Ávila, adelantó la sesión de la Asamblea Legislativa para este viernes 2 de octubre a las 09:30, con el propósito de abordar la situación generada tras la aprehensión de Mariaca y definir el camino institucional respecto a la conducción del Ministerio Público.

La sesión legislativa se desarrollará así en medio de una disputa sobre la interpretación y aplicación del mecanismo de suplencia, mientras continúa el proceso relacionado con la situación jurídica de Mariaca y otros funcionarios del Ministerio Público.