Fiscalía aparta a más de 60 funcionarios en medio de una reestructuración nacional

El Ministerio Público de Bolivia desvinculó o inició el proceso de retiro de más de 60 funcionarios a nivel nacional, como parte de una reestructuración institucional destinada a revisar la permanencia de servidores públicos sobre quienes existen antecedentes o denuncias.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó la medida y explicó que las decisiones se están aplicando de manera gradual para evitar que la salida simultánea de fiscales y personal con conocimiento de determinadas investigaciones afecte el avance de los procesos judiciales.

“Son más de 60 funcionarios a nivel nacional que están recibiendo o que han recibido su memorándum de agradecimiento”, manifestó la autoridad.

Las desvinculaciones podrían continuar

López aclaró que la cifra de funcionarios alcanzados por esta medida no es definitiva y anticipó que podrían producirse nuevas desvinculaciones conforme avance la reorganización del Ministerio Público.

La autoridad sostuvo que uno de los objetivos es evitar la retardación de justicia y garantizar que las investigaciones continúen desarrollándose con normalidad. Asimismo, indicó que próximamente podría conocerse la lista completa de los funcionarios afectados.

Dos funcionarios ya habían sido desvinculados

Durante sus declaraciones, el fiscal departamental también se refirió a Gerardo Balderas y Julio César Porras, cuyos nombres fueron incluidos en una lista difundida por Estados Unidos sobre restricciones de visa.

Según López, ambos funcionarios ya habían recibido sus memorándums de desvinculación el 20 de octubre de 2026, antes de que se conociera públicamente esa lista. Aseguró que la determinación respondió a antecedentes y denuncias que ya eran de conocimiento institucional.

La autoridad también aclaró que la inclusión de una persona en una lista de restricciones migratorias de otro país no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para iniciar una investigación penal en Bolivia, ya que deben existir elementos de convicción que respalden las actuaciones de la Fiscalía y la Policía.

El proceso de reestructuración se desarrolla en un contexto de cambios dentro del Ministerio Público, mientras la institución busca reorganizar sus equipos y dar continuidad a las investigaciones en curso.