Envían a la cárcel a Jhonny Fernández, por el Caso ‘Pavimento’
La medida fue dispuesta tras una audiencia de más de cinco horas, la Fiscalía sostiene que existen riesgos procesales, por lo que pidió la detención preventiva, mientras que, la defensa anuncia apelación.
La Justicia determinó este jueves la detención preventiva por 100 días del alcalde cruceño Jhonny Fernández en el centro penitenciario de Palmasola, en el marco del denominado caso “Pavimento”, que investiga presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación ejecutados por el municipio.
La decisión fue asumida por la jueza Alejandra Menacho tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió por más de cinco horas en el Palacio de Justicia. La sesión se instaló cerca de las 13:00 y concluyó pasadas las 18:20, cuando la autoridad jurisdiccional resolvió aplicar la medida más gravosa solicitada por el Ministerio Público.
El proceso se originó en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el exconcejal Manuel Saavedra, sustentada en un informe de auditoría operacional de la Contraloría General del Estado. El documento observó presuntas irregularidades en al menos 16 proyectos de pavimentación rígida, señalando cuestionamientos en estudios de diseño, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance e informes de supervisión.
Desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, el fiscal Alberto Zeballos Flores argumentó que existen indicios racionales de la comisión de los delitos investigados; conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, además de riesgos de fuga y obstaculización. Con base en esos elementos, respaldó la solicitud de detención preventiva.
Por su parte, la fiscal del caso, Milenka Rodas, había anticipado que el Ministerio Público insistiría en una medida excepcional por seis meses; sin embargo, la jueza determinó un plazo de 100 días para el desarrollo de actos investigativos y pericias técnicas.
Durante la audiencia, la defensa del alcalde presentó al menos cuatro incidentes previos, sosteniendo que la auditoría evaluó criterios de eficacia y grado de avance, y que las diferencias detectadas serían de carácter instrumental, sin ocasionar daño económico al Estado. Los abogados también indicaron que inspecciones oculares evidenciaron tramos pavimentados en varias obras observadas y atribuyeron las irregularidades a detalles puntuales o desgaste por uso. Asimismo, negaron la existencia de riesgos procesales y anunciaron que impugnarán la resolución.
En el exterior del juzgado se registraron manifestaciones tanto de respaldo como de rechazo a la autoridad municipal. Concejales críticos a la gestión acudieron al lugar, al igual que familiares y simpatizantes del burgomaestre.
La Fiscalía informó además que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evaluó la salud del alcalde y determinó que se encuentra estable y apto para afrontar el proceso penal.
Con la detención ya dispuesta, el caso continúa en etapa investigativa, a la espera de pericias especializadas en ingeniería civil que permitan establecer si existe un eventual daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Mientras la defensa insiste en que no hubo perjuicio patrimonial y atribuye la denuncia a motivaciones políticas, el Ministerio Público sostiene que las investigaciones avanzarán bajo control jurisdiccional.
Fuente: El Deber



