La Detención domiciliaria para Juan Carlos Huarachi reaviva polémica en el caso coimas
La decisión judicial genera cuestionamientos tras observaciones del Ministerio Público y dudas sobre documentos presentados por la defensa.
Darwin Cortez S.
La situación jurídica de Juan Carlos Huarachi dio un giro este viernes luego de que la justicia determinara sustituir su detención preventiva por arresto domiciliario, en el marco de la investigación por presuntas “coimas millonarias”.
El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana deberá cumplir la medida en Oruro, sin autorización para realizar actividades laborales. La resolución fue emitida tras una audiencia de cesación a la detención preventiva, pese a la oposición del Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la parte denunciante.
Durante la audiencia, las instancias que rechazaban la solicitud advirtieron inconsistencias en los documentos presentados para demostrar la reducción de riesgos procesales. Entre los puntos observados, se cuestionó la ausencia de una fianza dentro de las medidas cautelares dispuestas por el juez.
Uno de los elementos que generó mayor controversia fue un memorial atribuido a Mario Argollo, actual representante de la COB, quien habría remitido el documento sin respaldo institucional. En el mismo se señala que Huarachi ya no mantiene relación con la organización ni acceso a información interna desde octubre del año pasado.
A ello se suman observaciones sobre un supuesto registro de vacaciones en la Empresa Minera Huanuni, lo que, según la parte denunciante, resulta contradictorio considerando el tiempo que el imputado permaneció con detención preventiva.
Medidas impuestas
La autoridad judicial estableció las siguientes condiciones:
- Arraigo
- Presentación semanal ante el Ministerio Público
- Tres garantes personales
Además, se otorgó un plazo de 15 días para que se cumplan todos los requisitos.
Contexto del caso
Juan Carlos Huarachi fue recluido en noviembre en la Cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, tras la detección de movimientos económicos presuntamente irregulares en sus cuentas.
El exdirigente enfrenta una investigación por uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, en un proceso vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, caso que continúa generando repercusiones en el ámbito sindical y político del país.
