Gobierno incorpora el tramo Yunchará–Villazón a la Red Vial Fundamental, pero el transporte exige diálogo y decisiones claras.

El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el 13 de noviembre de 2025 la Ley 1699, mediante la cual el tramo San Lorencito–Iscayachi–Yunchará–Cruce Mojo–Villazón pasa a ser parte de la Red Vial Fundamental (RVF). La norma instruye al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a coordinar el financiamiento de su construcción y a firmar los convenios necesarios con las entidades territoriales.

La decisión responde a una demanda histórica de transportistas, autoridades locales y comunidades que, desde 2021, exigen que la ruta deje de depender de las gobernaciones, las cuales no cuentan con recursos suficientes para el mantenimiento ni para futuras obras de asfaltado. Sin embargo, pese a que la promulgación es vista como un avance, el sector del transporte afirma que aún desconoce el alcance real de la Ley y denuncia falta de diálogo con el Gobierno.

Un conflicto arrastrado desde 2021

El problema se remonta a julio de 2021, cuando autoridades de Tarija y Potosí se reunieron en Higueras–Villazón junto a la dirigencia del transporte para evaluar la crítica situación del tramo Yunchará–Villazón. En ese encuentro, todas las instituciones coincidieron en que ninguna gobernación estaba en condiciones de asumir el mantenimiento ni la construcción debido a la falta de recursos.

En ese contexto, la entonces senadora Gladys Alarcón presentó un proyecto de ley para transferir el tramo al nivel central. El autotransporte y los alcaldes acordaron realizar trabajos de emergencia, pero la falta de decisiones mantuvo la ruta en estado de deterioro.

“Llegaba la época de lluvias y la Gobernación no hacía mantenimiento, y la ABC tampoco podía intervenir porque el tramo no era su competencia. Este camino estuvo abandonado mucho tiempo, poniendo en riesgo a los transportistas”, recordó Gabriel Pérez, ejecutivo del transporte 15 de Abril.

Un tramo estratégico sin avances concretos

La ruta tiene 70 kilómetros de extensión: 33 en territorio tarijeño y 37 en Potosí. En 2021 apenas se realizaron labores básicas de raspaje, sin plazos definidos ni avances para transferir el tramo a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La falta de acciones derivó en nuevos conflictos en 2023, cuando Potosí anunció que financiaría el 95% de la construcción del tramo en su jurisdicción, mientras que en Tarija el proyecto se paralizó tras retirarse recursos del estudio técnico. Esto provocó un paro indefinido de comunidades de Yunchará, que exigían el cumplimiento de los acuerdos departamentales.

Persisten dudas sobre financiamiento y coordinación

Aunque la promulgación de la Ley 1699 genera expectativa, el autotransporte afirma que no existe un plan concreto para la ejecución de obras. Pérez explicó que, según acuerdos nacionales, el Estado debería asumir el 70% de la contraparte y las gobernaciones el 30%. No obstante, insistió en que Tarija ya no tiene capacidad económica para aportar.

“No vamos a poner nada por parte de las gobernaciones porque es un caos. Esto le compete exclusivamente al Gobierno. Tenemos que coordinarnos con Potosí para que el Estado tome control directo”, afirmó el dirigente.

También cuestionó la falta de respuesta del ministro de Obras Públicas, oriundo de Tarija, pese a las solicitudes formales enviadas por la Confederación del Transporte: “Queremos sentarnos con este Gobierno, que es tarijeño, y hacerle ver la realidad. Pero no hay respuesta”.

Una carretera clave para la integración regional

Pérez destacó que la vía Yunchará–Villazón es estratégica para el desarrollo del sur del país, pues conecta a Tarija, Potosí y la frontera con Argentina. Su construcción permitiría dinamizar el comercio regional, facilitar el tránsito internacional y mejorar las condiciones para las comunidades aledañas.

“Todas las carreteras son importantes para el desarrollo de los pueblos, de los municipios. Donde hay carreteras, hay desarrollo. No podemos seguir esperando”, concluyó.

Fuente: El País