Llega la cooperación antidroga de EEUU y el Gobierno pide apoyo activo de Brasil.

La decisión se da en un contexto alarmante: al menos 13 asesinatos por encargo se registraron en Santa Cruz durante el último año, hechos vinculados al crimen organizado, mientras que las proyecciones oficiales advierten un aumento sostenido de la producción de coca y cocaína en el país.

Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el Ejecutivo prevé que la superficie de cultivos de coca alcance este año las 40.000 hectáreas, un 82% por encima del límite legal establecido en la Ley 906. Esto permitiría una capacidad de producción superior a las 300 toneladas de cocaína, una cifra inédita, de acuerdo con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

En este marco, agentes estadounidenses ya se encuentran en Bolivia realizando un diagnóstico técnico de las capacidades policiales, como paso previo a la firma de un acuerdo marco de cooperación con la DEA. El objetivo es fortalecer la inteligencia, mejorar el intercambio de información, optimizar el apoyo operativo y evitar la duplicación de esfuerzos con otros cooperantes, como la Unión Europea. Justiniano señaló que esta apertura busca reposicionar a Bolivia como un país confiable en la lucha internacional contra el narcotráfico, tras años de desconfianza y debilitamiento institucional.

El relanzamiento de la cooperación coincide con informes que evidencian la magnitud del problema: en 2024, el 91,5% de la coca producida en el Trópico de Cochabamba terminó en el mercado ilegal, y a escala nacional solo el 41% de la producción potencial fue absorbida por los mercados legales. Además, se detectaron cultivos excedentarios tanto en los Yungas de La Paz como en el Trópico, este último considerado un bastión político del expresidente Evo Morales.

Justiniano anunció también una revisión interna de los perfiles del personal a cargo de tareas sensibles en la lucha antidroga, con el fin de descartar posibles vínculos con redes criminales. La cooperación con EEUU incluirá tecnología, controles aeroportuarios, uso de canes, inspecciones y fortalecimiento de capacidades operativas. Paralelamente, el Gobierno busca que Brasil asuma un rol más directo en la erradicación y prevención, al ser uno de los principales destinos de la cocaína producida en Bolivia.

A estas dificultades se suma un serio déficit logístico: de 31 aeronaves asignadas a la lucha antidroga, solo dos están operativas actualmente. Esta limitación explica la escasa vigilancia aérea en zonas críticas, situación que el Gobierno intenta revertir gradualmente con la reactivación de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Pese a ello, las autoridades reconocen que la brecha operativa sigue siendo amplia frente al avance del narcotráfico en el país.

Fuente: El Deber