Fiscalía Realiza Operativos En YPFB En Cuatro Departamentos Por Presuntos Hechos De Corrupción.
Allanamientos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro revelan indicios de manejo irregular de combustibles, contrataciones cuestionadas y posible daño económico al Estado.
Darwin Cortez S.
La Fiscal Superior de Anticorrupción, Mirtha Mejía Salazar, informó que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó operativos simultáneos en distintas regionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, tras la detección de presuntas irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones públicas.
En La Paz, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción intervino la planta de YPFB en Senkata, donde se hallaron indicios de un manejo irregular de carburantes, particularmente en el despacho de 14 cisternas de diésel que no cumplían los parámetros técnicos. Ocho funcionarios fueron aprehendidos, mientras se amplió la intervención a YPFB Logística y YPFB Comercial para recolectar documentación y verificar procedimientos.
En Cochabamba, se realizó un registro en oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial por el caso “Servicio de Catering”, relacionado con presuntos actos de corrupción en una contratación de alimentación del 2021. La denuncia apunta a un servidor público que habría recibido depósitos de la empresa adjudicada y terceros, además de un posible incremento patrimonial injustificado. Se secuestró documentación y se solicitó reserva de actuaciones por diez días para avanzar con la investigación.
Por su parte, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz continúa con actuaciones dentro de un proceso por Incumplimiento de Contratos en áreas operativas y administrativas de YPFB. El registro de oficinas permitió recolectar información específica, secuestrar dispositivos digitales y arrestar a seis personas con fines investigativos.
En Oruro, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción allanó oficinas de YPFB tras denuncias sobre irregularidades en un proyecto de ampliación de almacenaje de combustibles adjudicado a una empresa venezolana. Se identificó que la primera fase, estimada en 144.244.000 bolivianos, habría sido cancelada por más de 305.168.695 bolivianos, duplicando su costo inicial. Se secuestró documentación y se precintó la oficina de Asesoría Legal.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones se encuentran en etapa inicial y buscan esclarecer posibles delitos como Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Sabotaje, Negociaciones Incompatibles, Uso Indebido de Influencias y Cohecho. Las comisiones de fiscales continuarán ampliando diligencias en las próximas horas para determinar responsabilidades penales y proteger los intereses del Estado.
