La Gobernación de Tarija rechaza fallo del TCP y acusa vulneración de la autonomía departamental
La reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que deja sin efecto el Decreto Departamental 021/2021 de la Gobernación de Tarija, ha generado una ola de críticas desde distintos sectores del departamento. La norma anulada había dispuesto la liquidación del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y su sustitución por una nueva entidad: la Dirección de Administración Vial (DAV).
Darwin Cortez S.
El fallo ha sido calificado como “centralista” y como un retroceso en la construcción del Estado autonómico por parte del abogado constitucionalista Esteban Ortuño. “La sentencia afecta las competencias exclusivas de administración de carreteras no solo de la Gobernación de Tarija, sino de todas las entidades subnacionales del país”, advirtió el jurista.
Ortuño también cuestionó la solidez jurídica del fallo. “Es una sentencia técnicamente muy básica. Solo hace referencia a doctrina y jurisprudencia de la antigua Constitución del 2005. Es un error que no creo que haya sido casual”, sostuvo. Además, recordó que el TCP contradice su propia Resolución Constitucional 026/2013, que establece que ante conflictos entre normas de diferentes niveles de gobierno debe primar el principio de competencia y no el de jerarquía normativa.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, también expresó su desacuerdo con la decisión del TCP. “Este fallo fue presentado sin imparcialidad judicial ni respeto a los procedimientos establecidos por la Constitución Política del Estado”, declaró en conferencia de prensa. Montes coincidió con Ortuño en que el fallo vulnera directamente la autonomía departamental.
Pese a su desacuerdo, el gobernador anunció que acatará la sentencia y procederá a restituir el Sedeca. Sin embargo, advirtió que el Gobierno central deberá asumir la responsabilidad de cubrir los salarios de los trabajadores de esta entidad, quienes habían sido reubicados bajo la nueva Dirección de Administración Vial creada por la Gobernación.
La controversia ha reabierto el debate sobre los límites reales del régimen autonómico en Bolivia, cuestionando si las decisiones de los gobiernos subnacionales pueden ser anuladas por el nivel central sin una justificación jurídica sólida.
“El mensaje que se da es que las autonomías solo existen en el papel, y que cualquier intento de modernizar o reorganizar la gestión pública local puede ser revertido desde arriba”, concluyó Ortuño.
